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El crecimiento económico de una nación no surge al azar. Es el fruto de un ecosistema empresarial que prospera cuando las reglas son claras y equitativas. En México, sin embargo, este equilibrio se ve fracturado por una dura realidad: más del 56 % de la población económicamente activa opera en la informalidad. Esta cifra no es solo un número; es un desafío estructural que socava la competitividad y el desarrollo del país.
La competencia desleal entre la economía formal e informal perjudica a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales, mientras que los negocios informales gozan de flexibilidad y libertad de acción sin restricciones. Esta disparidad en las responsabilidades ahoga la creación de empleos formales, reduce la productividad y frena nuestra capacidad para competir en un mundo cada vez más interconectado. Millones de trabajadores quedan fuera del sistema de seguridad social, poniendo en riesgo su bienestar y debilitando, a su vez, el potencial de crecimiento de México a largo plazo.
Frente a este panorama, resulta imprescindible repensar nuestro modelo de protección social y transformarlo en un verdadero motor de formalización. Esta reforma no puede ser cosmética; necesitamos una reestructura de fondo que haga de la formalidad una oportunidad de crecimiento. El sector empresarial debe asumir un rol activo en este cambio, sin depender únicamente del gobierno para que impulse las reformas. Como sector, tenemos una responsabilidad ineludible en la creación de un entorno de crecimiento justo y equitativo.
Para romper el ciclo de informalidad, es necesario atacar la raíz: la falta de incentivos para formalizarse. Implementar un sistema de incentivos fiscales progresivo, donde las pequeñas y medianas empresas puedan reducir temporalmente sus impuestos según su tamaño y facturación, sería un paso significativo hacia la formalización. Además, simplificar los trámites burocráticos eliminaría una barrera que hoy desincentiva a los emprendedores de dar el paso a la formalidad.
La digitalización es también una herramienta poderosa para cerrar esta brecha. Muchos emprendedores y microempresarios carecen de acceso a la infraestructura tecnológica que les permitiría operar de manera formal. Facilitar el acceso a plataformas digitales, métodos de pago electrónicos y programas de educación financiera abre puertas a nuevos mercados y hace más accesible el proceso de formalización. A su vez, la digitalización agiliza trámites y conecta a los pequeños empresarios con clientes y mercados más amplios, impulsando su competitividad.
El sector empresarial tiene un rol fundamental. Las grandes empresas pueden, mediante programas de mentoría, capacitación y apoyo financiero, guiar a los pequeños empresarios en su transición a la formalidad. Esta corresponsabilidad es clave para el desarrollo de un México más equitativo y próspero, donde el éxito no sea exclusivo de unos pocos, sino alcanzable para todos aquellos que deciden cumplir con las reglas.
Este es un desafío que exige una alianza sólida entre el sector público y privado. Las empresas deben actuar como agentes de cambio, colaborando activamente en la construcción de un ecosistema económico más justo y competitivo. La prosperidad de México no se mide solo en términos macroeconómicos, sino en la capacidad de ofrecer oportunidades reales a cada ciudadano.
Si se implementa adecuadamente, una reforma al sistema de protección social no solo impulsará la productividad y competitividad empresarial, sino que también mejorará el bienestar de la sociedad. La división entre la formalidad y la informalidad no es solo un problema estructural; es un reto que nos involucra a todos. El éxito de México dependerá de nuestra capacidad para unir esfuerzos, generar cambios y construir un crecimiento inclusivo y sostenible. Es el momento de que el sector privado tome su papel protagónico y lidere el camino hacia un México donde la formalidad sea sinónimo de oportunidad y desarrollo.
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