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Vivimos un momento en el que la economía y la política han dejado de ser esferas aisladas. Lo que ocurre en una repercute inevitablemente en la otra. Las decisiones institucionales ya no se quedan en el terreno jurídico: impactan directamente en la inversión, el empleo y la competitividad.
La certidumbre institucional —esa confianza en reglas claras, caminos jurídicos previsibles y justicia imparcial— es la piedra angular de cualquier estrategia seria de crecimiento. Cuando las instituciones se debilitan, no solo se erosionan normas: se erosiona la confianza, se encarece el capital y se contrae la capacidad de generar empleo y bienestar.
Existe un dato que quisiera poner sobre la mesa, no desde la retórica sino desde la evidencia. De acuerdo con los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, México se ubica alrededor del percentil 29 en el indicador de Estado de Derecho (Rule of Law). Esto significa que nuestro país se encuentra por debajo del 70% de las economías evaluadas en variables como cumplimiento de contratos, independencia judicial, aplicación de la ley y protección de derechos de propiedad.
No es una valoración política; es una medición comparativa internacional. Y los datos no opinan: advierten.
Cuando un país se posiciona en esos niveles, el mensaje para los inversionistas es claro: mayor riesgo jurídico, menor previsibilidad y un costo de capital más alto. El impacto no siempre aparece en un titular; se refleja en decisiones que no se toman, proyectos que se postergan y capital que busca destinos más estables.
El capital no discute, no protesta y no debate. Si no encuentra certeza, se va.
Por eso la discusión deja de ser política y se vuelve económica. El Estado de Derecho no es un concepto académico; es la base sobre la cual una empresa decide ampliar una planta, contratar talento o comprometer recursos a largo plazo. Sin certeza jurídica no hay planeación estratégica. Sin reglas previsibles no hay confianza. Y sin confianza no hay crecimiento sostenido.
Desde el sector empresarial lo tenemos claro: la competitividad no depende solo de incentivos fiscales o tratados comerciales. Depende de la estabilidad institucional y del respeto efectivo a las reglas.
México tiene talento, ubicación estratégica, capacidad industrial y un empresariado resiliente. Lo que está en juego no es nuestro potencial, es nuestra decisión. Podemos fortalecer el Estado de Derecho y convertir la certeza en ventaja competitiva, o normalizar la incertidumbre y aceptar el estancamiento como consecuencia. No hay punto medio. La economía no castiga con discursos; castiga con inversión que no llega y crecimiento que simplemente no ocurre. Si aspiramos a competir en serio, la decisión es clara: fortalecer nuestras instituciones no es opcional, es urgente. Porque sin certeza no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay futuro que sostener.
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